Abuso de confianza en el Código Penal argentino: qué dice la ley y cómo se castiga

El abuso de confianza aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal argentino (Ley 11.179) como una forma de defraudación que se castiga con prisión de un mes hasta seis años. Para el lector mexicano, lo más útil es compararlo con el artículo 227 del Código Penal de la Ciudad de México, donde el tipo penal es local —varía en cada estado de la República— y las penas se miden en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCACDMX) y en días multa.

Qué es el abuso de confianza en Argentina y dónde está regulado

El Glosario del Código Penal Argentino del SAIJ define el abuso de confianza como un delito contra la propiedad, encuadrado dentro de la categoría Estafas y Defraudaciones. La conducta se concreta cuando una persona aprovecha, con ánimo de lucro, la fe o la seguridad que otra depositó en ella —por ejemplo, al entregarle la administración de bienes, la tutela o la curatela— para obtener una disposición patrimonial en perjuicio del titular.

Su ubicación normativa es precisa: Libro Segundo, Título VI, Capítulo IV, artículo 172 de la Ley 11.179. Es una norma de aplicación federal: rige en toda la República Argentina con la misma redacción y la misma pena, a diferencia de lo que ocurre en México, donde cada entidad federativa tiene su propio tipo penal de abuso de confianza.

En Argentina, el abuso de confianza es federal y único; en México, cambia de estado a estado.

A quién le aplica y qué elementos exige el tipo penal

El artículo 172 describe al sujeto activo con列举 abierta: "el que defraudare a otro…", lo que permite abarcar a cualquier persona que, mediante abuso de confianza, perjudique el patrimonio ajeno. La doctrina del SAIJ y el registro LNS0002677 precisan los sujetos más comunes y los elementos del tipo.

Sujetos activos típicos:

• Administrador de bienes ajenos, persona física o jurídica.
• Tutor o curador respecto de los bienes del incapaz.
• Cualquier particular que reciba una cosa bajo la confianza de devolverla o usarla en beneficio del dueño.

Elementos que el tipo exige:

1. Ánimo de lucro: la disposición patrimonial debe buscarse en favor propio o de un tercero.
2. Abuso de la fe o seguridad depositada: nace de una relación previa que el dueño confía en el agente.
3. Perjuicio patrimonial: debe haber un daño económico real y demostrable, según el Glosario SAIJ sobre Perjuicio Patrimonial.
4. Ardid o engaño: el Glosario SAIJ lo define como cualquier procedimiento artificioso para inducir a error; aquí opera como abuso de la relación de confianza, concepto emparentado con el engaño.

Si falta el ánimo de lucro o el perjuicio patrimonial acreditado, la conducta puede desplazarse al ámbito civil (incumplimiento contractual, acción por daños) y no configurar delito.

Qué pena prevé el artículo 172 del CP argentino y cómo se mide

La pena prevista en el artículo 172 del Código Penal argentino es prisión de un mes a seis años. No contempla multa ni agravantes por monto: el rango es fijo, y la dosificación la realiza el juez interviniente según la gravedad del perjuicio, la calidad del autor y las circunstancias del caso.

Para dimensionar esa pena frente al lector mexicano, la referencia más clara es el artículo 227 del Código Penal de la CDMX, que sí distingue cinco hipótesis según el valor de lo dispuesto, medido en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente (UCACDMX):

La pena argentina es, por tanto, más corta en su tope máximo (seis años frente a doce), pero no distingue por monto. La CDMX, en cambio, sube la prisión hasta doce años cuando el perjuicio supera las 10.000 veces la UCACDMX. En ambos ordenamientos la sanción accesoria típica es la reparación del daño, restituyendo el bien o su equivalente económico.

Ejemplo de encuadre en la CDMX

Supón un perjuicio de 600 veces la UCACDMX en la Ciudad de México. Esa cifra cae en la hipótesis III del artículo 227 del CP CDMX: prisión de 3 a 4 años y multa de 250 a 600 días multa. Para saber el equivalente en pesos mexicanos (MXN), se multiplican las 600 UCACDMX por el valor vigente de la unidad, que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX actualiza cada año y que el interesado debe consultar al momento de cuantificar la afectación.

Comparativa entre Argentina (federal) y México (por estado)

La diferencia central es de diseño constitucional. Argentina concentra el tipo en una sola norma federal; México lo descentraliza en los 32 códigos penales locales.

El dato clave para el lector mexicano: el tipo penal cambia de estado a estado. Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Yucatán, por ejemplo, regulan el abuso de confianza con montos y penas distintas a las de la CDMX. Antes de cualquier denuncia, hay que revisar el código penal de la entidad donde ocurrieron los hechos.

Cómo se denuncia en Argentina y ante qué organismo

En la República Argentina, la denuncia por abuso de confianza se canaliza por la vía penal federal o, según la jurisdicción, ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. Pasos concretos del trámite:

1. Acudir a la comisaría o al Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos para formular la denuncia penal, con la mayor cantidad de prueba documental posible (contratos, comprobantes de entrega, transferencias, mensajes).
2. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la denuncia puede iniciarse en línea a través del portal del Ministerio Público Fiscal de la CABA, donde funciona una unidad fiscal especializada en defraudaciones y estafas.
3. El fiscal evalúa la concurrencia de los elementos del tipo (ánimo de lucro, abuso de confianza, perjuicio patrimonial, ardid o engaño) y, de configurarlos, impulsa la acción penal.
4. Si el caso tramita en provincia, se sigue el mismo criterio ante la fiscalía local competente en materia penal económica o patrimonial.

El plazo de prescripción de la acción penal en el artículo 172 del Código Penal argentino es de seis años contados desde la comisión del hecho, porque coincide con el máximo de pena previsto. Quien resulte víctima debe reunir la prueba del perjuicio patrimonial cuanto antes: contratos, comprobantes de transferencia, testigos del depósito o de la entrega del bien y cualquier registro que acredite la relación de confianza previa.

En México, el trámite equivalente se inicia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (cuando los hechos ocurren en la CDMX) o ante la fiscalía estatal que corresponda, donde se abre una carpeta de investigación y se solicita, cuando proceda, la reparación del daño como parte de la misma causa penal.